Alejandro Sinibaldi: Financiamiento electoral ilegal
Entre las redes, las interminables listas de nombres, las empresas, los empresarios y los políticos que contribuyeron al financiamiento ilícito de partidos a lo largo de la campaña electoral de dos mil quince, hay que un personaje que, silenciosamente, jugó un papel crucial. Alejandro Sinibaldi Aparicio, mano derecha del expresidente Otto Pérez Molina, ministro de Comunicaciones de su gobierno y actualmente prófugo de la justicia, ha sido vinculado en reiteradas ocasiones por el Ministerio Público (MP) y por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) al aporte de fondos para campañas de múltiples partidos políticos.
Conforme los investigadores, además de su candidatura, financiaba a varios supuestos contrincantes y esos fondos nunca fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE). Como un alfil, llegaba lejos y sus movimiento eran oblicuos.
Varias de las transacciones pudieron conocerse por medio de los allanamientos realizados por el caso Construcción y Corrupción, que destapó una red de empresas de cartón creada por Alejandro Sinibaldi, mediante la que se lavaba dinero de sobornos que sociedades reales pagaban a cambio de contratos con el Estado.
Los últimos pagos descubiertos se hicieron públicos ayer, en una rueda de prensa en la que la Fiscal General Thelma Aldana y el comisionado Iván Velásquez presentaron nuevos resultados de la investigación por financiamiento electoral ilícito que ahora toca al Frente de Convergencia Nacional-Nación (FCN-Nación), partido que llevó a Jimmy Morales a la presidencia. Aldana y Velásquez explicaron que en el seguimiento a varias transacciones sospechosas al FCN, la fiscalía halló dos cheques destinados al partido por un total de Q229,800.
Ambos fueron emitidos por Rafael Díaz Samos y Jesús Augusto García Ibañez, asociados de la Compañía Constructora de Obras Civiles, S.A. (Cocisa), relacionados con el caso Construcción y Corrupción y señalados de dar comisiones en favor de Sinibaldi.
Además, en un apartado de su presentación titulado “Otros gastos que han de ser investigados”, la fiscalía incluyó la utilización del helicóptero con matrícula TG-ANM, en el que el que Morales se desplazó durante la campaña electoral de 2015, cuando todavía era aspirante presidencial. Este helicóptero había sido inmovilizado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en el último mes del año de dos mil dieciseis, como una parte de una serie de pesquisas de bienes relacionados con Alejandro Sinibaldi. Ya entonces se mentó el uso que el FCN había realizado del mismo. Heinz Heimann, vocero presidencial, explicó en aquel momento que las empresas que alquilan los helicópteros “no dan información de los dueños de las aeronaves, porque no está en su función”.
Los allanamientos de Construcción y Corrupción también dejaron descubrir que otra organización relacionada con el ex ministro aportó Q2.1 millones a la campaña electoral de Libertad Democrática Renovada (Lider). En una de las inspecciones, la fiscalía halló varios cheques que evidenciaron pagos de la Asociación Amigos de Guatemala a varios medios para la realización de spots publicitarios de Líder. La asociación está vinculada a Sinibaldi a través de uno de sus fundadores, Carlos Antonio Marroquín la villa de Madrid, representante de Servicios Aéreos y Marítimos del Norte, S.A. entidad que se encargaba de efectuar pagos por el mantenimiento y adquiere de yates del ex ministro.
De las pesquisas brotó además de esto, a mediados de julio, la acusación del MP y la CICIG a Telecomunicaciones de Guatemala (Telgua), cuyo gerente fue señalado de haber entregado Q15 millones en financiamiento electoral ilícito al Partido Patriota (PP), durante la campaña electoral de 2011. Según la acusación, los recursos fueron trasladados como una parte de una estrategia político comercial, desarrollada por Julio Ligorría, ex embajador en Washington (Estados Unidos), a través de empresas relacionadas directamente con Alejandro Sinibaldi.
En el caso Construcción y Corrupción asimismo alcanzó a Rodrigo Arenas, presidente del Movimiento Cívico Nacional (MCN). José Luis Agüero, ex presidente de la Cámara de Construcción y sindicado en este proceso, confesó que entregó, a petición de Sinibaldi, una serie de óbolos a Arenas que no eran sino una porción de los sobornos destinados al ex ministro. Arenas ha confirmado que el MCN recibió dinero del empresario, pero afirmó ignorar que era parte de una coima.
Una investigación de el Periódico vinculó igualmente al ex funcionario con el financiamiento del Movimiento Reformador (MR), que conforme el medio recibió de su parte talones por por lo menos Q56 mil novecientos. elPeriódico concluyó que Sinibaldi efectuó el pago a MR una semana y media antes que la organización política publicará un campo pagado en múltiples medios en el que lo invitaba a ser su candidato presidencial en las elecciones de dos mil quince.
En sus años como ministro, Sinibaldi asimismo fue señalado de tráfico de influencias para beneficiar a una finca del Parque Nacional Yaxhá-Nakum-Naranjo; de recibir una donación de US$ 1 millón de la compañía OAS, investigada por corrupción y lavado de dinero en la petrolera Petrobras; y de una sombría e interesada ejecución de recursos al frente del Ministerio de Comunicaciones.
En estas condiciones no querían elecciones
Los escándalos por financiamiento electoral ilícito que han ido destapando el Ministerio Público y la Cicig en los últimos meses hacen rememorar la oración tan coreada, gritada y repetida hasta la saciedad a mediados de dos mil quince, ya antes de los comicios que llevaron a Jimmy Morales a la presidencia. “En estas condiciones no deseamos elecciones”, se escuchaba cada sábado en la Plaza de la Constitución y frente al Tribunal Supremo Electoral. La renuncia y la orden de atrapa contra el mandatario Otto Pérez Molina a días de la votación, solo avivaron la solicitud.
Varios abogados aseguraron entonces que los comicios eran fraudulentos. Uno de ellos fue Alfonso Moflete, quien, en verdad, presentó un recurso de con la pretensión de cancelar las elecciones. Carrillo se basó en la Constitución, en la Declaración de Derechos Humanos y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en los que se especifica que se debe garantizar que la población tiene derecho a un proceso electoral puro, donde el voto sea libre y efectivo. Algo, que, a su criterio y tras los numerosos señalamientos contra varios partidos por dudas en su financiamiento, no se podía acreditar.
Echando la vista atrás, hay quien estima que, efectivamente, había motivos suficientes para reconsiderarse la forma en la que se dio el proceso electoral y que esto se ve apoyado hoy, con la información que se ha ido desvelando.
Álvaro Castellanos Howell, abogado constitucionalista que asimismo arguyó en 2015 que las elecciones eran fraudulentas, piensa su contestación durante unos segundos de silencio. “Francamente y a la luz de los hechos, yo afirmaría que sí, había motivos para suspender las elecciones —termina contestando—, mas la duda es de qué forma hubiésemos podido solucionar eso en la formalidad”, matiza. Castellanos reitera la visión que tenía hace dos años: “La Constitución prevé una consulta en situaciones de singular trascendencia nacional. Tal vez debió efectuarse este procedimiento consultivo, frente a la situación a la que nos enfrentamos”.
El sociólogo Luis Fernando Mack Echeverría, no lo tiene tan claro. “Hay que hacer un análisis más profundo”, va más allí. “Había condiciones para que no se dieran elecciones, en el corto plazo era una solución, pero, ¿cuál hubiese sido el escenario alterno? ¿De qué manera se iba a organizar eso? ¿Quién nos iba a regir? No hay un proceso de designación claro, lo cual nos hubiese puesto en un dilema”.
Mack comprende que la sociedad se quedó en el corto plazo, y cuando concluyeron los comicios no se lograron aterrizar reformas de fondo. “Estamos en un escenario en el que nos hallamos a las puertas de un nuevo proceso electoral. Y no hay reformas ni buenas opciones políticas. Seguimos igual que donde partimos”.
La conclusión de Castellanos es clara: “Se confirma que el fraude es la base de este sistema. Y es un fraude fondo, de faltas, de inconstitucionalidad”.
